En la última semana se desarrollaron cinco días de huelga en
el gremio de transporte de larga distancia, en la que los jefes sindicales
liderados por Roberto Carlos Fernández tuvieron una posición de
connivencia con las patronales del sector.
Este hecho político que dejó durante ese lapso de tiempo a más
de trescientas mil personas varadas, sin la posibilidad de trasladarse a sus
hogares, y por ende a sus lugares de trabajo, generó sin duda alguna un
malestar social enorme.
Desde la Corriente Socialista Militante, sostenemos que este
paro tuvo un claro carácter de lock out patronal, a partir de que el gobierno
otorgara el 23%. Por ello, y entendiendo que el transporte de carga y de
pasajeros, terrestre, fluvial y aéreo es un derecho y un servicio público, éste
debe estar en la órbita estatal, lo que garantizaría que el servicio sea de
calidad y a bajo costo, justamente utilizando la rentabilidad que hoy se
apropian los patrones.
Por supuesto que estamos a favor de la lucha obrera por mejores
condiciones de trabajo, salubridad y salario. En el caso particular de
este conflicto también estuvimos y estamos de acuerdo en lo que
hace al reclamo salarial. Pero es de una claridad supina, que a nadie se le
escapa, que su dirección -el Sr Fernández y cía.- y sus móviles subjetivos
fueron hacer jugar a los trabajadores como fuerza de choque contra el gobierno.
No importaba si lograban el 23% de aumento salarial.
El activismo sindical en general, los partidos que se reclaman
representantes de la clase obrera, deberían haber apelado a la conciencia de
clase de los trabajadores del transporte, para romper el seguidismo de los
jefes sindicales y dejarlos como furgón de cola a la inmensa mayoría
de colectiveros atándolos a un reclamo patronal.
La UTA se ubicó de manera clara en la trinchera patronal, ya que
la actitud de ésta fue y es reclamar subsidios por la falta de
rentabilidad y para otorgar el aumento salarial.
La UTA tendría que haber exigido al gobierno nacional la
estatización del servicio de transporte de pasajeros, bajo control de los
trabajadores, Reclamar una política de transporte desde una perspectiva social,
con un ferrocarril digno y a precios asequibles, que elimine el monopolio de
los micros en el transporte de pasajeros.
Es un error del gobierno de Cristina Kirchner sostener
alianzas con esa burocracia corrupta, como es el caso de la UTA, o como la
ferroviaria que costó la vida al militante del PO, Mariano Ferreyra.
Apelamos a la formación de corrientes antiburocráticas desde la
propia base que sostengan su autonomía del gobierno y que deslinde expresamente
con los patrones y la oposición de derecha.
Esta “década K” la ganaron los empresarios
